NUEVA DELHI – Con cerca de 968 millones de personas registradas para ir las urnas, las próximas elecciones generales de la India (que se celebrarán a lo largo de varias semanas de abril y mayo) será el ejercicio democrático más grande de su historia. Sin embargo sobre ellas vuelan preguntas acerca del futuro de la democracia india misma.
Tras una década en que el Primer Ministro y su Partido Bharatiya Janata (BJP) han tenido las riendas del poder, la cultura y las instituciones democráticas del país han quedado muy afectadas. Con demasiada frecuencia, el régimen del BJP ha amenazado las manifestaciones de disenso y, en consecuencia, la cultura democrática de la nación se ha ido alejando del pluralismo. Es evidente que las libertades civiles y de expresión han sufrido presiones, con la represión e intimidación del partido a sus oponentes políticos, manifestantes estudiantiles, organizaciones mediáticas, periodistas independientes y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Entre otras cosas, las autoridades han apuntado y arrestado a periodistas y activistas con acusaciones de sedición, sencillamente porque daban cobertura a manifestaciones de agricultores y pusieron al descubierto abusos de poder. Han presionado a plataformas de redes sociales y periódicos de prensa masiva para que retiren contenidos críticos hacia el régimen. Han cerrado cuentas de redes sociales y el acceso a internet en áreas donde se están organizando manifestaciones de protesta. Y, además, han arrestado a líderes de la oposición y dado un uso indebido a las leyes antiterroristas para negar la libertad bajo fianza a sus críticos.
Mientras tanto, los derechos de las minorías se han ido debilitando, conduciendo a un aumento del sectarismo y las tensiones sociales. Modi, al abandonar el compromiso con el secularismo establecido por Jawaharlal Nehru, el primero en ostentar el cargo de primer ministro de la India, y al rechazar la tradición pluralista india en favor de la doctrina del “hindutva” (que busca redefinir a la India como una nación hindú), ha logrado la intensificación de la discriminación hacia las minorías.
Por ejemplo, por primera vez en la historia de la India, la Ley de Enmienda de la Ciudadanía de 2019 introdujo la religión como criterio de otorgamiento de la ciudadanía a refugiados de países vecinos, excluyendo explícitamente a los musulmanes. Se trata de un patrón más amplio. Los 200 millones de musulmanes de la India (el 14% de la población) han sido señalados una y otra vez en los intentos del régimen gobernante de focalización en las minorías.
Varias instituciones democráticas también han enfrentado importantes desafíos. Los esfuerzos del gobierno para cooptar la Oficina Central de Investigación, que investiga la corrupción, han sido tan exitosos que la Corte Suprema ha calificado a la entidad como un "loro enjaulado que habla con la voz de su amo". El BJP suele amenazar con una investigación por corrupción para obligar a las figuras vulnerables de la oposición a desertar y ponerse de su lado. No es casualidad que las auditorías e investigaciones fiscales llevadas a cabo por la Dirección de Aplicación de la Ley se hayan dirigido casi exclusivamente contra dirigentes de la oposición y voces críticas en el ámbito de la política.
Tampoco se ha librado el ampliamente respetado Banco de la Reserva de la India. Debido a disputas con el gobierno, dos gobernadores del RBI renunciaron prematuramente a sus cargos, lo que genera preocupaciones sobre la independencia de esta entidad. La erosión del federalismo también es preocupante. Con el tiempo, el BJP ha centralizado cada vez más el poder, socavando a los partidos gobernantes regionales al apoderarse de una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales del país e instalar gobernadores afines al partido en los estados gobernados por la oposición.
Incluso la Comisión Electoral de la India ha sido objeto de críticas, y algunos académicos la acusan de ser ahora un agente del gobierno. Por supuesto, eso también suscita dudas acerca de la integridad del proceso electoral y la adherencia de la CEI a los principios democráticos de justicia y equidad.
Considerando todo esto, ya no se puede afirmar que la India siga siendo una democracia modelo. Donde antes se la admiraba por su compromiso con el pluralismo, ha descendido en las clasificaciones de democracia global. En 2020, cayó del puesto 27 al 53 en el Índice Democrático de la Unidad de Inteligencia de The Economist, y organizaciones como la Freedom House y el Varieties of Democracy Institute (V-Dem) han cuestionado si todavía se la puede seguir considerando una democracia. Por ejemplo, V-Dem la describe como una “autocracia electoral”.
Al calificar constantemente todo disenso con el gobierno como “antipatriótico” y toda crítica al hindutva (ultranacionalismo hindú) como “antihindú”, el BJP se las arreglado para deslegitimar la oposición a su gobierno. Y, puesto que una alta proporción de la opinión pública ha llegado a creer que el disenso perjudica el interés nacional de la India, ha crecido el apoyo popular a las medidas represivas.
Por lo tanto, en la Encuesta de Actitudes Globales 2023 del Pew Research Center, un sorprendente 85% de los encuestados indios dijo que un gobierno autoritario sería bueno para el país, la respuesta más alta entre los 24 países encuestados. Así mismo, la proporción de indios que creen que es esencial que los partidos de oposición puedan funcionar libremente fue la tercera más pequeña. Modi y el BJP explotan regularmente la exasperación popular con la democracia para crear la imagen de un líder decidido y poderoso que tiene presentes los mejores intereses de la nación, lo que implica que debería poder operar con toda libertad, sin la interferencia de un parlamento o un poder judicial hostiles.
Este retroceso democrático es el escenario de las elecciones generales de la India este 2024. En su libro To Kill a Democracy (Matar a una democracia) Debasish Roy Chowdhury y John Keane describen los retos que plantea el BJP al poder judicial y las crecientes limitaciones a la libertad de prensa como señales de “democidio”. Ofrecen una descripción muy completa (y preocupante) de cómo la gobernanza democrática del país se ha ido socavando. Con sus constantes iniciativas de criminalización del disenso, erosión de la libertad de expresión y limitación de cualquier tipo de oposición política, el gobierno del BJP plantea una seria amenaza para las perspectivas de largo plazo de la India.
Y, sin embargo, el espíritu democrático indio mantiene su resiliencia. Sus ciudadanos están muy involucrados en el debate político y decididos a luchar por sus derechos. Las próximas elecciones generales ofrecen una importante oportunidad a cerca de mil millones de indios para hacer que su país retome la senda que con tanto orgullo siguió por cerca de tres cuartos de siglo.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
NUEVA DELHI – Con cerca de 968 millones de personas registradas para ir las urnas, las próximas elecciones generales de la India (que se celebrarán a lo largo de varias semanas de abril y mayo) será el ejercicio democrático más grande de su historia. Sin embargo sobre ellas vuelan preguntas acerca del futuro de la democracia india misma.
Tras una década en que el Primer Ministro y su Partido Bharatiya Janata (BJP) han tenido las riendas del poder, la cultura y las instituciones democráticas del país han quedado muy afectadas. Con demasiada frecuencia, el régimen del BJP ha amenazado las manifestaciones de disenso y, en consecuencia, la cultura democrática de la nación se ha ido alejando del pluralismo. Es evidente que las libertades civiles y de expresión han sufrido presiones, con la represión e intimidación del partido a sus oponentes políticos, manifestantes estudiantiles, organizaciones mediáticas, periodistas independientes y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Entre otras cosas, las autoridades han apuntado y arrestado a periodistas y activistas con acusaciones de sedición, sencillamente porque daban cobertura a manifestaciones de agricultores y pusieron al descubierto abusos de poder. Han presionado a plataformas de redes sociales y periódicos de prensa masiva para que retiren contenidos críticos hacia el régimen. Han cerrado cuentas de redes sociales y el acceso a internet en áreas donde se están organizando manifestaciones de protesta. Y, además, han arrestado a líderes de la oposición y dado un uso indebido a las leyes antiterroristas para negar la libertad bajo fianza a sus críticos.
Mientras tanto, los derechos de las minorías se han ido debilitando, conduciendo a un aumento del sectarismo y las tensiones sociales. Modi, al abandonar el compromiso con el secularismo establecido por Jawaharlal Nehru, el primero en ostentar el cargo de primer ministro de la India, y al rechazar la tradición pluralista india en favor de la doctrina del “hindutva” (que busca redefinir a la India como una nación hindú), ha logrado la intensificación de la discriminación hacia las minorías.
Por ejemplo, por primera vez en la historia de la India, la Ley de Enmienda de la Ciudadanía de 2019 introdujo la religión como criterio de otorgamiento de la ciudadanía a refugiados de países vecinos, excluyendo explícitamente a los musulmanes. Se trata de un patrón más amplio. Los 200 millones de musulmanes de la India (el 14% de la población) han sido señalados una y otra vez en los intentos del régimen gobernante de focalización en las minorías.
Varias instituciones democráticas también han enfrentado importantes desafíos. Los esfuerzos del gobierno para cooptar la Oficina Central de Investigación, que investiga la corrupción, han sido tan exitosos que la Corte Suprema ha calificado a la entidad como un "loro enjaulado que habla con la voz de su amo". El BJP suele amenazar con una investigación por corrupción para obligar a las figuras vulnerables de la oposición a desertar y ponerse de su lado. No es casualidad que las auditorías e investigaciones fiscales llevadas a cabo por la Dirección de Aplicación de la Ley se hayan dirigido casi exclusivamente contra dirigentes de la oposición y voces críticas en el ámbito de la política.
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Tampoco se ha librado el ampliamente respetado Banco de la Reserva de la India. Debido a disputas con el gobierno, dos gobernadores del RBI renunciaron prematuramente a sus cargos, lo que genera preocupaciones sobre la independencia de esta entidad. La erosión del federalismo también es preocupante. Con el tiempo, el BJP ha centralizado cada vez más el poder, socavando a los partidos gobernantes regionales al apoderarse de una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales del país e instalar gobernadores afines al partido en los estados gobernados por la oposición.
Incluso la Comisión Electoral de la India ha sido objeto de críticas, y algunos académicos la acusan de ser ahora un agente del gobierno. Por supuesto, eso también suscita dudas acerca de la integridad del proceso electoral y la adherencia de la CEI a los principios democráticos de justicia y equidad.
Considerando todo esto, ya no se puede afirmar que la India siga siendo una democracia modelo. Donde antes se la admiraba por su compromiso con el pluralismo, ha descendido en las clasificaciones de democracia global. En 2020, cayó del puesto 27 al 53 en el Índice Democrático de la Unidad de Inteligencia de The Economist, y organizaciones como la Freedom House y el Varieties of Democracy Institute (V-Dem) han cuestionado si todavía se la puede seguir considerando una democracia. Por ejemplo, V-Dem la describe como una “autocracia electoral”.
Al calificar constantemente todo disenso con el gobierno como “antipatriótico” y toda crítica al hindutva (ultranacionalismo hindú) como “antihindú”, el BJP se las arreglado para deslegitimar la oposición a su gobierno. Y, puesto que una alta proporción de la opinión pública ha llegado a creer que el disenso perjudica el interés nacional de la India, ha crecido el apoyo popular a las medidas represivas.
Por lo tanto, en la Encuesta de Actitudes Globales 2023 del Pew Research Center, un sorprendente 85% de los encuestados indios dijo que un gobierno autoritario sería bueno para el país, la respuesta más alta entre los 24 países encuestados. Así mismo, la proporción de indios que creen que es esencial que los partidos de oposición puedan funcionar libremente fue la tercera más pequeña. Modi y el BJP explotan regularmente la exasperación popular con la democracia para crear la imagen de un líder decidido y poderoso que tiene presentes los mejores intereses de la nación, lo que implica que debería poder operar con toda libertad, sin la interferencia de un parlamento o un poder judicial hostiles.
Este retroceso democrático es el escenario de las elecciones generales de la India este 2024. En su libro To Kill a Democracy (Matar a una democracia) Debasish Roy Chowdhury y John Keane describen los retos que plantea el BJP al poder judicial y las crecientes limitaciones a la libertad de prensa como señales de “democidio”. Ofrecen una descripción muy completa (y preocupante) de cómo la gobernanza democrática del país se ha ido socavando. Con sus constantes iniciativas de criminalización del disenso, erosión de la libertad de expresión y limitación de cualquier tipo de oposición política, el gobierno del BJP plantea una seria amenaza para las perspectivas de largo plazo de la India.
Y, sin embargo, el espíritu democrático indio mantiene su resiliencia. Sus ciudadanos están muy involucrados en el debate político y decididos a luchar por sus derechos. Las próximas elecciones generales ofrecen una importante oportunidad a cerca de mil millones de indios para hacer que su país retome la senda que con tanto orgullo siguió por cerca de tres cuartos de siglo.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen